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Las luchas migratorias – Un frente básico de lucha en el movimiento por la igualdad y la justicia

Jerome Scott y Walda Katz-Fishman  |  Issue: Noviembre / Diciembre 2011

El frente de lucha relativo a la inmigración adquirió un mayor impulso el año pasado con la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, la amenaza de otras leyes similares en toda la nación, especialmente en el Sur, y la incapacidad del gobierno estadounidense de aprobar una reforma migratoria y la Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación de Menores Extranjeros (DREAM por sus siglas en inglés, que significa sueño).

La Ley SB 1070 aumentó la ola de criminalización de las comunidades inmigrantes — tanto hacia las personas con documentos legales como las indocumentadas — lo cual ha dado origen a que la policía las considere como sospechosas por sólo pertenecer a un grupo étnico determinado (lo cual se denomina “perfilamiento racial”), a la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y al encarcelamiento y la deportación masiva de las personas indocumentadas.

El movimiento se ha organizado para revocar la ley en Arizona y obstaculizar el surgimiento de leyes similares — las cuales, sin embargo, ya se han aprobado en Georgia (HB 87) y Alabama (HB 56) — y ha lanzado campañas en todo el país para optar por no formar parte del programa denominado “Comunidades Seguras” (S-Comm ) — una orden federal para establecer alianzas entre la policía local y estatal y el ICE para propósitos de perfilamiento racial, detención y deportación. Nuestras exigencias son la legalización, una vía para facilitar la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, sin importar su situación jurídica.

Es interesante observar que el gobierno federal está respaldando las impugnaciones jurídicas, tal como en Georgia, lo cual ha debilitado algunos aspectos del ataque a la comunidad inmigrante. En Alabama, una Jueza de Distrito de los Estados Unidos confirmó la validez de Ley HB 56 el miércoles 5 de octubre, pero el gobierno federal y otros grupos tienen pensado apelar la decisión.

Este fallo hace que la ley antiinmigrante de Alabama sea la más represiva del país. Esta ley permite que la policía detenga y arreste indefinidamente a alguien que no tenga la documentación adecuada. La Ley HB 56 también origina que las familias inmigrantes saquen de forma masiva a sus hijos de las escuelas públicas, ya que la misma permite que se rastree la situación legal de los padres a través de sus hijos. Se está obligando a las familias inmigrantes a huir de Alabama.

Al mismo tiempo, el gobierno federal está denegando el derecho de los estados y las municipalidades de optar por no participar en el programa S-Comm. De hecho, durante la administración Obama, se deportaron más de 392,000 inmigrantes en el 2010 y más de un millón en los últimos dos años — una cantidad mayor a la que originó la abominable campaña de “repatriación” en los años 1930 y la denominada “Operación Espalda Mojada” en los años 1950.

De las muchas preguntas que enfrentan las crecientes luchas migratorias, hay dos que son esenciales: “¿Podemos eliminar la supremacía blanca y todas las formas de racismo dentro del capitalismo?” y “¿Podemos detener los ataques y la violencia contra los inmigrantes dentro del capitalismo?”

Las leyes y la ideología antiinmigrante que criminalizan a los indocumentados y dan origen al perfilamiento racial son una clara expresión de la supremacía blanca como práctica, como ideología y como ley. La supremacía blanca ha dominado y prevalecido en la sociedad estadounidense desde sus propios orígenes, desde el genocidio indígena y el sistema de mano de obra esclava hasta la sociedad actual, la cual está cada vez más económicamente polarizada y “racializada”.

Las primeras leyes estadounidenses sobre la ciudadanía y la inmigración lo dicen todo. La Ley de Naturalización de 1790 restringió la ciudadanía únicamente para las personas blancas libres (se incluyó a las mujeres pero con restricciones). Ninguna persona indígena o africana, ni los sirvientes obligados por contrato, ni ninguna otra persona inmigrante o pueblo colonizado tenían los derechos de los ciudadanos.

Cuando el movimiento abolicionista tomó impulso, la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850 denegó la ciudadanía y la propia esencia humana de los esclavos fugitivos como negros “libres” en el norte, y criminalizó a aquellos que prestaran ayuda y asistencia a éstos. Estas leyes son los modelos de las leyes antiinmigrantes actuales.

La Ley Page de 1875 excluyó a los inmigrantes definidos como “indeseables” — centrando los ataques en los hombres asiáticos que venían como obreros bajo contrato, al igual que en las mujeres asiáticas. En 1882, la Ley de Exclusión China frenó todo movimiento migratorio chino hacia los  Estados Unidos y esta legislación no se abolió hasta en 1943. Estas leyes se promulgaron en tiempos de crisis económicas, de una alta tasa de desempleo, y de un menor grado de necesidad de mano de obra después de la denominada Fiebre del Oro y la finalización de la vía férrea transcontinental. Como hoy, el contenido de estas leyes es restringir los movimientos migratorios y deportar a los inmigrantes y sus familias que ya están en el país debido a una necesidad anterior de su mano de obra.

La lucha por impugnar estas leyes en el ámbito estatal y federal es un elemento crítico y debe ser continuo.

Junto con ello, el frente de lucha relativo a la inmigración debe desarrollar nuestra visión y nuestros objetivos a largo plazo, como parte de movimiento general de transformación. Cada lucha estatal y local debe determinar sus propios pasos siguientes. Para quienes están en Georgia, se están llevando a cabo debates estratégicos. Los mismos incluyen conversaciones sobre los aspectos en común de nuestras diferentes historias y las lecciones de movimientos anteriores, tal como el de derechos civiles, al igual que sobre cuáles son los objetivos a largo plazo de nuestra lucha. También están surgiendo acontecimientos y actividades similares en Alabama.

El dinamismo de las luchas migratorias refleja el hecho de que las políticas de los obreros inmigrantes y de los que trabajan con ellos están profundamente arraigadas en las condiciones objetivas de su confrontación diaria con las leyes y con el aparato de ejecución de éstas que ha instaurado el Estado fascista en desarrollo — en los ámbitos federales, estatales y locales. Ello ha dado origen a la inmediatez y a la urgencia de tomar acciones y de adquirir compromisos con una lucha intensa y continua para lograr que cambie de rumbo esta legislación represiva y su cumplimiento. Ello está generando más resistencia y unidad entre los explotados, los oprimidos y los desposeídos.

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